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Firma biométrica

Un método seguro, fiable y autorizado por la legislación europea y Española.

(Descargar pdf firma biométrica)

La cada vez mas desarrollada internet nos permite avances que hasta hace poco eran inconcebibles; nos hemos acostumbrado en muy poco tiempo a tecnologías que hemos asimilado y lo encontramos de lo más familiar. Si antes lo más habitual era firmar todo en papel, ahora lo más cómodo, rápido y económico es hacerlo en documentos electrónicos utilizando la firma digital o biométrica.

Un sistema que se extiende cada vez más y se está incorporando en los procesos de negocios de las empresas e incluso de particular, gracias al avance de los procesos informáticos y tecnológicos.

La firma biométrica permite a través de dispositivos electrónicos como el teléfono móvil o el ordenador realizar firmas de documentos asociando la identidad de un firmante al hacer uso de una tecnología que permite capturar datos biométricos iguales o similares a los del proceso de una firma manuscrita.

Proceso

El proceso de firma es muy sencillo e intuitivo y consta de los siguientes pasos:

  • Introducción de los datos necesarios para la identificación del usuario: número de documento, correo-e, rasgos fisionómicos, etc. Dependiendo del sistema solicitará uno u otros datos.
  • Firma sobre la pantalla con bolígrafo digital o con el dedo.

Esta sencillez no obvia la obligación por parte de los usuarios de leer el documento antes de firmarlo, algo que en muchas ocasiones olvidamos cuando aceptamos condiciones de portales y redes sociales, pasando directamente a aceptar desconociendo la mayoría de la veces a que nos comprometemos y a que estamos obligados aceptando esas condiciones.

Ventajas

  • Firma de documentos en formato electrónico.
  • Con total y absoluta validez legal y jurídica.
  • Evita desplazamientos.
  • Ideal para personas que se encuentran en otras localidades o países.
  • Verificación en tiempo real de la firma.
  • Agilidad, eficiencia y mejora de los procesos.
  • Solución ecológica: cero papel.
  • Accesible para todo el mundo.
  • Se combina con otras tecnologías.
  • Aumento de la privacidad
  • Fiabilidad y seguridad
  • Fácil de usar

Seguridad

El aspecto más importante de la firma biométrica es la seguridad técnica y jurídica que ofrece, sin estas dos cuestiones no podría tener ningún desarrollo o valor.

La firma biométrica basa su seguridad en dos aspectos bien diferenciados, por una parte, la imposibilidad de replicar (falsificar) un trazo de firma por otra persona distinta al firmante, y por otra la correspondencia unívoca de una serie de datos en un único documento (fisionomía, huella dígital, fotografía de documentos, etc).

Los software de firma biométrica tienen que estar certificados externamente por empresas aprobadas a nivel europeo y con unos estándares de seguridad elevados.

Firma digitalizada y firma biométrica

Es un error muy común confundir ambas modalidades, pero que a nivel de seguridad son muy diferentes. La firma digitalizada es una firma que se realiza en papel, se escanea y luego se implanta en un documento; este sistema es muy fácil de falsificar y tiene un nivel de seguridad muy bajo o nulo.

Por el contrario y a pesar de ser muy sencilla, la firma biométrica, se define como una firma manuscrita que se realiza sobre un dispositivo electrónico y que un perito judicial es capaz de reconocer a nivel legal; puesto que no sólo se recoge la gráfica sino una serie de datos e incluso en las modalidades mas completas se exige recoger los datos biométricos y morfológicos del firmante. Estos estandares de seguridad se basan en aspectos como la velocidad a la hora de escribir, la presión que se ejerce, los cambios de velocidad en la gráfica o los cambios de dirección.

La recogida de todas estas características hace que se pueda realizar una verificación de la firma tan precisa, que la falsificación es casi imposible y la hace equiparable a una firma realizada a mano en un documento o trámite, siendo este el motivo de que tenga reconocimiento legal.

Legislación

  • Reglamento Europeo 910/2014, artículo 26.
  • Ley 59/2003 de 2019
  • Norma ISO/IEC 19794-7

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Moratoria de desahucios: si y no.

Mi involucración con cuestiones sociales se inicia a finales de los años 80 (del siglo pasado); por diversas cuestiones y dentro de diferentes organizaciones y ha proseguido hasta la actualidad; posicionándome siempre en contra de los desahucios, sobre todo de aquellos que se originan a partir de la imposibilidad de pagar una hipoteca, pero el peso de una medida social no puede recaer en la ciudadanía y en los pequeños propietarios.

A consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el gobierno español -muy acertadamente- publicó dos Reales Decretos (11/2020 de 31 de marzo y 30/2020 de 29 de septiembre) por los cuales quedaban suspendidos los desahucios y alzamientos a personas y familias que cumplieran una serie de requisitos.

Es indudable que hay que proteger a las personas con escasos o ningún recurso; y el gobierno con esta legislación establece que no se le puede desahuciar a «quienes paguen un alquiler/una renta y se encuentren desempleados debido a la crisis del Covid-19, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos».

Desde una perspectiva social: ¡perfecto!; no se puede echar a la calle a personas con vulnerabilidades sociales y económicas. Pues no; de forma radical: ¡No!.

La moratoria de desahucios hasta 2023 como han propuesto algunos partidos políticos, es un grave error desde varias perspectivas. La propuesta presentada de «no poder desalojar de la vivienda, ni cortar los suministros básicos a las familias sin alternativa habitacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2021» es una equivocación a partir que de nuevo recae la responsabilidad social y económica sobre la ciudadanía y no sobre el sistema gubernamental de este país (desde el gobierno central hasta el municipal, pasando por los autonómicos y provinciales) y sobre las grandes empresas, incluidos los bancos.

Son los gobiernos los que tienen la obligación de actuar a través de servicios sociales y otras instituciones estatales en las situaciones de vulnerabilidad, sean estas las que sean y en el caso de los desahucios lo primero es crear una política de vivienda adecuada, es decir, viviendas sociales para personas que no tengan la posibilidad de pagar un alquiler o comprar -con o sin hipoteca-, pero desde luego no es la señora o el señor mayor que heredó un piso y lo alquila para complementar su paga o un trabajador que pidiendo una hipoteca sobre su vivienda adquirió otra y la tiene en alquiler quienes deben soportar el peso de unas medidas sociales.

¿Qué ocurre si esa persona que alquila también está en desempleo? ¿El gobierno también suspende el pago del IBI a estas viviendas? ¿Quién se hace cargo de las deudas a las compañías de electricidad?¿Los ayuntamientos cancelan el pago de las tasas de basura y agua? En el caso de que esa vivienda esté hipotecada ¿también se le ha dicho al banco que las cuotas hipotecarias no se abonan hasta que la pandemia pase? ¿Qué pasará si el único ingreso de una familia es esa cuota de alquiler?

Conozco casos en los cuales una familia han tenido que irse a vivir con sus progenitores y alquilar la vivienda en la que habitaban para poder tener un ingreso económico… ¿?

Las soluciones no pueden recaer siempre en la ciudadanía, sino que los estamentos políticos a través de las Administraciones Publicas han de asumir responsabilidades.

¿Han pensado y reflexionado quienes lanzan esta iniciativa que lo único que va a ocurrir es que subirán los precios de alquileres, se fortalecerá la solicitud de garantías y se retirarán del mercado muchas viviendas?

Cualquier pequeño propietario preferirá dejar cerrada su vivienda antes que alquilarla y no sólo no recibir la renta, sino además tener que pagar al propio Estado unos abonos por unos ingresos que no está percibiendo… porque ¿la agencia tributaria también paralizará los impuestos en caso de que un inquilino no pague por su situación de precariedad? Igual con esto se consigue que la situación de precariedad también recaiga en los pequeños propietarios… pero claro… siempre es mejor actuar contra la ciudadanía -sea el gobierno que sea- que enfrentarse a entidades financieras y grandes empresas.

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